Este viernes el Gobierno ingresó el veto a a la Ley de Usurpaciones.
Distintas voces apuntan a que la oposición podría nuevamente condicionar negociaciones en materias como pensiones o seguridad a lo que pase con la tramitación del veto.
El veto a la Ley de Usurpaciones se ingresó este viernes finalmente y, como era de esperar, el hecho no estuvo exento de polémicas. Tras anunciar la acción, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció que no hubo un acuerdo prelegislativo -pese a sostener que “hubo harto esfuerzo por lograrlo”- y detalló que el foco estaba en la legítima defensa privilegiada, las penas asociadas a las ocupaciones y los instrumentos que tienen los propietarios para pedir la restitución de sus inmuebles.
Sin embargo, minutos más tarde desde la oposición cuestionaron la decisión apuntando a que es “una burla a todas las personas y al esfuerzo de años por tener su propiedad”, como también, un sometimiento a la “presión del Partido Comunista (PC)”. Lo cierto, es que este escenario -según expertos- podría afectar -“nuevamente”- otros debates que tiene el Gobierno en su pauta, En términos generales, por ejemplo, para Tomás Duval, académico de la Universidad Autónoma, “este veto incide directamente en las futuras tramitaciones”. Para Juan Pablo Araya, docente de la carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins (UOH), esta acción “viene a poner en un punto aún más frágil la relación entre la oposición y el oficialismo”. Si bien los catalogó como casos distintos, dijo que “este evento trae ciertas reminiscencias de lo que ocurre en diciembre pasado cuando el Presidente Gabriel Boric decide indultar a los condenados por violencia en el contexto del estallido social”. “Si recordamos, en aquel momento también se estaba legislando la agenda de seguridad y esta medida provocó que la oposición decidiera no participar más de las negociaciones en torno a la política de seguridad”, puntualiza. En ese sentido, considera que en esta oportunidad “la derecha podría tomar una postura similar y decidir restarse de los acuerdos en materia de seguridad hasta obtener una posición más clara del Ejecutivo”. En un análisis más profundo a la derecha, Araya enfatiza en que “ésta ha buscado posicionarse ante la ciudadanía con una actitud más dura y radical contra la violencia y la delincuencia, y cuando observamos las encuestas nos muestran que el problema de la seguridad ciudadana es el más reconocido por la ciudadanía y, por lo tanto, la derecha podría ver en esta tensión en las relaciones producto del veto, un espacio para capitalizar electoralmente su adhesión ciudadana para las próximas elecciones”. Ahora bien, el académico manifiesta que, en su opinión, en lo inmediato el veto “no tendría una influencia en quebrar otras negociaciones que viene llevando el Gobierno con la oposición, como en materia de pensiones, ya que la ciudadanía también está atenta a que el aumento de las pensiones, por ejemplo, pueda materializarse prontamente”. Por otra parte, sentencia que “si la derecha juega este juego de restarse de todas las discusiones y bloquear las negociaciones, puede dejar un flanco abierto para una contraofensiva por parte de la izquierda”.
Fabián Belmar, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, indica en tanto que el veto “complicará los debates en curso, sobre todo en los proyectos o discusiones sobre una emergente agenda de seguridad”. No obstante, afirma que “a esta altura, ya no importa si el Presidente está haciendo lo correcto (o no), pues independiente de las razones esgrimidas para vetar esta Ley de Usurpaciones, su decisión se utilizará para cuestionar su capacidad de liderar y negociar otras reformas”. “La oposición podría utilizar este veto como una oportunidad para cuestionar su compromiso con los temas de seguridad, que según las encuestas son los que más preocupan a la ciudadanía. La derecha ya ha mostrado resistencia a negociar con el Gobierno a menos que se cumplan sus exigencias, como se vio en el caso del ministro Giorgio Jackson. Además, el veto le entrega a la derecha una oportunidad para reafirmar su relato de que el Gobierno defiende a la delincuencia, como viene haciendo desde los indultos presidenciales”, añade. Por último, el doctor en Derecho y académico de la Universidad Autónoma, Juan Pablo Díaz Fuenzalida, advierte que “más que el veto”, por ejemplo en reforma de pensiones, “lo que puede complicar al Gobierno es insistir en lógicas de sistema de reparto, en que no hay propiedad ni heredabilidad sobre los fondos”. A su juicio, también es independiente del veto otro debate como lo es del pacto fiscal. “Con los casos de las fundaciones y pensiones de gracia, y sin una reforma respecto del buen gasto público, como con una eficaz modernización del Estado en la materia, al menos por el momento se ve difícil. Es decir, mientras no mejore lo anterior, es un escenario complejo. Adicionalmente, hay quienes consideran que no necesariamente mayor impuestos implica mayor recaudación, sino que una vía podría ser mayor crecimiento y desarrollo económico. En esa línea, para mejorar en recaudación habría que tomar medidas para impulsar la economía. Se suma a lo anterior las cifras sobre desempleo, que como hemos visto, por ejemplo, en agosto de este año, se registró en un 8,8% a nivel nacional y 9,3% en la región Metropolitana”, comenta.
Fuente: Emol.com
