Desde el gremio ADVS solicitaron ajustar los precios y porcentajes de cobertura de los programas de subsidios, y subrayaron la necesidad de reducir la burocracia que rodea a los proyectos inmobiliarios.
La Asociación Gremial de Desarrolladores de Viviendas Sociales (ADVS) aseguró que la crisis que vive el sector de construcción en el país no cuenta con precedentes, asegurando que son más de 400 empresas del sector que se encuentran en quiebra o proceso de reorganización. “Hoy día la industria está en una crisis histórica, sin precedentes, y creemos que el Estado debería tomar medidas para poder reactivar y poder sacar de esta crisis a la industria. Acá se necesita adrenalina, se necesita electroshock para sacar un poquito a la industria de la situación en la que está”, dijo el presidente de la entidad, Mario Álvarez, ante la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado.
Según el dirigente gremial, “hoy día no basta con medidas como que el ministro (Carlos Montes) pida por la prensa que la banca apoye”. “No basta con que el Ministerio (de Vivienda y Urbanismo) envíe un oficio a las DOM (Direcciones de Obras Públicas) pidiendo que, por favor, agilicen los proyectos del Plan de Emergencia Habitacional. Creemos que esas son medidas cosméticas, que acá se necesitan medidas de fondo, recursos comprometidos y una decisión del Estado para poder acompañar el Plan”, remarcó. Explicó que, desde la perspectiva de la ADVS, este año será clave para poner en marcha una parte importante de los proyectos del plan de emergencia, el cual plantea la entrega de 260.000 soluciones hasta marzo de 2026. “Por ello, debemos actuar con toda celeridad”, puntualizó. En esa línea, llamó al Estado a generar las condiciones “mínimas” para que los privados actúen, tanto la banca como las compañías de seguros, inversionistas y constructoras. “No es un problema puntual”, insistió. Entre las dificultades, mencionó el alza de los costos financieros y la falta de liquidez. Además de una permisología “más lenta y compleja que nunca”. En cuanto al fondo de garantía Fogaes, aseguró que “no ha tenido impacto”. Respecto de los caminos a seguir, el gremio planteó tres propuestas. La primera busca ajustar el porcentaje y los precios del programa DS19, un subsidio entregado por el Estado para la compra de viviendas, aumentando la participación de las familias vulnerables y emergentes en los proyectos, y reduciendo la de las de clase media. La segunda, compensar en el programa DS49 -es un tipo de subsidio que permite a las familias acceder a viviendas una sin deuda hipotecaria- a través de una glosa especial en el presupuesto, el Crédito Especial de Empresas Constructoras (CEEC) , lo cual tendría, según sus estimaciones, un costo de unos US$100 millones por año. Finalmente, pidió reducir la burocracia que rodea al desarrollo de los proyectos habitacionales.
Fuente: Emol.com
