Un profesor chileno de básica enseña a cursos de 30 estudiantes, cuando el promedio de la OCDE es 20. Cubre un año escolar más largo, con más de 1.000 horas de clases obligatorias frente a unas 800 en los demás países
Hay años en que el Día del Profesor se celebra con un desayuno en la sala de profesores y una tarjeta hecha a mano. Este 2026 la celebración es más difícil. En marzo, la tragedia de Calama dejó a una comunidad escolar de luto por una inspectora y, desde entonces, muchos profesores en todo el país entran a su sala con una inquietud que antes no tenían. Era una compañera de trabajo, en un lugar que conocía, en una jornada que había empezado como cualquier otra.
La respuesta del Estado fue rápida. El Gobierno presentó un proyecto de ley a los pocos días y desde el 12 de agosto está vigente la Ley 21.827, que permite a los colegios revisar mochilas y amplía las facultades de los profesores para aplicar sanciones inmediatas. Es comprensible que después de un hecho así nadie quiera quedarse de brazos cruzados. Sin embargo, antes de pedirles a los profesores que ejecuten esa respuesta, vale la pena preguntarse en qué condiciones estaban trabajando cuando todo esto empezó.
Esas condiciones las describe cada año la OCDE en su informe Education at a Glance, y en la edición 2025 Chile vuelve a aparecer donde siempre. Un profesor chileno de básica enseña a cursos de 30 estudiantes, cuando el promedio de la OCDE es 20. Cubre un año escolar más largo, con más de 1.000 horas de clases obligatorias frente a unas 800 en los demás países, y gana un 25% menos que otros profesionales con estudios superiores. Ninguna de estas cifras es nueva, pero este año se leen distinto.
Lo que los indicadores de recursos no alcanzan a mostrar aparece en TALIS, la encuesta en que la propia OCDE les pregunta a los docentes por su trabajo. En la versión 2024, un 27% de los profesores chilenos declaró experimentar mucho estrés en su trabajo, frente a un 19% en la OCDE, y un 15% señaló que el trabajo afecta su salud mental en gran medida. El dato que más llama la atención en una fecha como esta es otro: solo un 17% de los profesores chilenos considera que la sociedad valora su profesión. A pesar de eso, el 92% declara estar satisfecho con su trabajo y un 77% volvería a elegir la pedagogía si pudiera empezar de nuevo. Me parece importante decirlo, porque en la discusión pública sobre educación rara vez contamos esa parte.
A eso se sumó este año el problema de la violencia en las escuelas. Las denuncias por maltrato a adultos ante la Superintendencia de Educación subieron de 441 en 2023 a 716 en 2025. Los profesores lo venían advirtiendo desde hace tiempo y tienen razón cuando piden respaldo. El problema está en la forma de respaldo que se eligió. La Ley 21.827 les entrega facultades nuevas, pero su informe financiero establece que se aplicará con los recursos que los establecimientos ya tienen. En la práctica, al profesor que hoy dedica cerca de un tercio de su jornada a mantener el orden y a tareas administrativas se le agregan la revisión de pertenencias y la aplicación de sanciones, sin más tiempo ni más personal, y sin que ninguna carrera de pedagogía lo haya formado para eso. Antes de aprobar la ley, nadie les preguntó si podían asumirlo.
Lo más llamativo es que el propio Estado tenía otra información a la vista. En abril de este año, el Ministerio de Educación publicó los resultados del módulo de conocimiento pedagógico de TALIS 2024, que muestran que los profesores con mayor formación pedagógica dedican más tiempo a enseñar y se sienten menos agobiados por las agresiones verbales de los estudiantes. Esa es también una manera de proteger a las escuelas, y es la que la investigación respalda de manera consistente.
¿Qué significa, entonces, valorar la profesión docente? A mi juicio, significa elementos concretos: cursos de un tamaño que permita conocer a cada estudiante, tiempo no lectivo suficiente para preparar clases sin llevárselas a la casa, un psicólogo o una trabajadora social en la escuela para que el profesor no sea el único adulto a cargo cuando un niño está pasando por un mal momento, y un sueldo que no haga sentir a nadie que se equivocó de carrera. Significa también, y esto es lo más barato de todo, preguntarles a los profesores qué necesitan antes de asignarles una responsabilidad nueva.
Este 16 de octubre habrá tarjetas y desayunos para unos, día libre para muchos otros. A los profesores que este año siguieron entrando a la sala después de Calama, con treinta niños adentro y una ley nueva que implementar, les debemos un gracias, y se lo debemos de verdad. Pero también les debemos condiciones de trabajo, y eso no se resuelve en un día. Hay por dónde empezar, eso sí. En estos meses cada colegio está decidiendo cómo va a aplicar la nueva ley en su reglamento interno, y esa conversación puede partir por preguntarles a sus propios profesores qué necesitan para hacerlo bien. La mayoría de ellos ya dijo que volvería a elegir este trabajo. Lo que falta es que el resto del país decida acompañarlos.
Carmen Gloria Zúñiga es jefa de liderazgo estudiantil CELITED UC y académica de Educación UC
