Una joven de 16 años denunció el hecho ante un Tribunal de Familia. Entre enero y marzo de 2025 ya se registraron 8 casos de esta índole al interior de residencias en la Región de Los Lagos.
Una red de explotación sexual que captaba a niñas y adolescentes fue descubierta operando desde el interior de una residencia de protección de menores en Puerto Varas, en la Región de Los Lagos. De acuerdo a información revelada por El Austral de Osorno, el caso quedó al descubierto tras la denuncia de una joven de 16 años ante el Tribunal de Familia, quien solicitó ser reubicada a un centro de otra provincia en Llanquihue por miedo.
Lo anterior derivó en una orden judicial para intervenir el recinto administrado por la Fundación Verbo Divino y el inicio de una investigación penal por parte del Ministerio Público. Las medidas fueron adoptadas el martes 3 de junio a través de un documento firmado por la jueza de familia de Puerto Varas, Paula Caico Niklitschek, quien presta funciones en el Tribunal de Familia de Puerto Montt. Los antecedentes de la causa apuntan a la presunta existencia de una red organizada de explotación sexual infantil dentro de la residencia femenina. Las adolescentes habrían sido captadas y presionadas para participar, bajo amenazas o a través del consumo problemático de sustancias ilícitas. Según relatos de las menores, los presuntos explotadores tenían acceso regular la residencia de niñas ubicada en Puerto Varas. Relato clave De acuerdo a los antecedentes de la causa reservada a los que tuvo acceso el citado medio, el pasado 20 de mayo la adolescente de 16 años dio a conocer estos sucesos que ocurrían en la residencia de Puerto Varas, donde residen exclusivamente niñas. En el Tribunal de Familia, y ejerciendo su derecho a ser oída, ratificó las denuncias por la presunta explotación sexual que se estaría registrando en el interior del recinto. “Me quiero ir de esa residencia porque me da miedo. Tía, ahí entran hombres, las chicas se prostituyen y me invitaron, pero yo dije que no. Toman alcohol y marihuana; yo fui y tomé la primera noche”, sostuvo en la audiencia. El informe revela que desde su ingreso a la residencia el 13 de mayo de 2025, la joven estuvo expuesta a consumo de drogas, alcohol y explotación sexual, mencionando además que dichas situaciones se realizan dentro del espacio residencial, con el “ingreso de hombres”, ya fueran menores o adultos. Además, se consignó que el día que ingresó a la residencia, la niña halló un condón usado bajo su cama. La adolescente argumentó en esa oportunidad que no se sentía cómoda en el lugar y pidió ser trasladada, porque incluso había sido incitada a la explotación sexual. Modus operandi La jueza Caico resolvió una serie de medidas a través del oficio N° 83 del 3 de junio de 2025. En ese informe se refiere a la figura de la extorsión que habría afectado a niñas de 15, 16 y 17 años. La magistrada expuso en la resolución que es “evidente la existencia de conductas de Explotación Sexual Infantil desde hace bastante tiempo al interior de la residencia, como en salidas de las propias adolescentes y niñas, con riesgos asociados como el policonsumo de drogas en dichas acciones, donde figura la extorsión como medio de presión entre las mismas menores de edad”. Los antecedentes podrían datar del 24 de marzo de 2025, “permaneciendo dichas vulneraciones y agudizándose a medida que pasa el tiempo”. Intervención directa Tras conocer los antecedentes, la magistrada solicitó una intervención directa de la residencia “para erradicar dichas vulneraciones y lograr el cese de las conductas de ‘Explotación Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes’ (ESCNA), debiendo informar en el plazo de 7 días las medidas que fueron aplicadas para el resguardo de las niñas y adolescentes que se encuentran en dicha residencia y cuya protección y cuidado es de su responsabilidad”. También expuso que se debe “evitar en lo posible el ingreso de nuevas niñas y adolescentes a dicha residencia, en tanto no se efectúen las acciones tendientes a poner término a las conductas de ESCNA que se informan y visualizan, y dar protección inmediata a aquellas niñas y adolescentes que no se encuentran involucradas en los hechos denunciados”. En el informe, la letrada además ordena que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público y que se ponga en conocimiento al abogado que representa los derechos de la adolescente denunciante. “Remítanse los antecedentes a la Fiscalía Local de Puerto Varas, el oficio que se acompaña para evaluar el inicio de una investigación por Explotación Sexual Comercial Infantil o acumularlos a otras que existieren en favor de otras menores de edad ingresadas a la residencia de la ciudad de Puerto Varas”, mencionó la jueza Caico. Vulneración reiterada Si bien el caso dado a conocer por la adolescente de 16 años se destapó el 20 de mayo, las primeras alertas se recibieron el 20 de marzo, después de que el Juzgado de Familia de Puerto Montt recepcionara un aviso formal que daba cuenta de que niñas y adolescentes de una residencia en Puerto Varas estaban siendo víctimas de explotación sexual. La denuncia provenía de un programa de la Red de Protección y daba cuenta de situaciones reiteradas de vulneración: salidas irregulares, consumo de drogas, extorsión entre menores y posibles redes de explotación con clientes frecuentes. A pesar de la gravedad de los antecedentes y de que -según consta en la resolución judicial- la residencia tenía conocimiento de los hechos al menos desde el 24 de marzo, pasaron más de dos meses sin que se tomaran medidas efectivas. Cifras alarmantes Al respecto, Pedro Adrians, director regional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, ratificó a El Austral de Osorno que entre enero y marzo de este año se ha detectado a ocho posibles víctimas de explotación sexual que viven en residencias en la Región de Los Lagos.
En ese sentido, mencionó a Emol que “apenas se conoció esta denuncia en particular, como Servicio de Protección ordenamos una supervisión de urgencia en la residencia que es administrada por la Fundación Verbo Divino, tras lo cual la institución implementó múltiples medidas de seguridad, en sus procedimientos y en el inmueble, en resguardo de niñas y adolescentes”. “Además, se han gestionado traslados de varias de las víctimas a otras locaciones con el fin de protegerlas de los explotadores. También hemos iniciado conversaciones con otras instituciones para aumentar la seguridad en las cercanías de las residencias con televigilancia y otras medidas de resguardo como realizar patrullajes en la zona”, agregó Adrians. “Como Servicio de Protección una de nuestras mayores preocupaciones son los casos de explotación sexual que tienen como víctimas a niños, niñas y adolescentes que viven en residencias. Históricamente las residencias de protección han estado en la mira de los explotadores sexuales. Por lo mismo, siempre estamos tomando medidas, coordinando acciones con otras instituciones y capacitando a los trabajadores y trabajadoras para que puedan detectar y denunciar este tipo de casos”, cerró. Falla del Estado Para el abogado Andrés Martínez, experto en materia de defensa y protección de la infancia, este nuevo caso de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes “es algo que no deja de sorprender”. Martínez expresó al citado medio que se trata de hechos que ya han ocurrido en años anteriores en la región, “y donde al parecer no se ha aprendido la lección para conseguir erradicar de una vez por todas este delito que afecta a niños, niñas y adolescentes que ya han sufrido vulneraciones graves y que, por lo mismo, están bajo una medida de protección emanada de un Tribunal de Familia”. Para el abogado, es más grave el hecho “si se corrobora que los delitos fueron cometidos estando bajo el cuidado del Estado. Allí hay que poner especial atención a la hora de proteger a las niñas afectadas, ojalá alejadas de este lugar, en otra residencia y con una supervisión permanente, sin descuidar el apoyo psicológico y el acompañamiento”.
Fuente: Emol.com
