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PARTIDOS DE OPOSICIÓN Y LLAMADO INAUDITO A VOLVER “GRADUALMENTE” A LA NORMALIDAD

DECLARACIÓN PÚBLICA

A seis días de haber iniciado una medida de cuarentena “estratégica y selectiva” en el país, el Gobierno de Sebastián Piñera sorprende con un llamado inaudito, a volver “gradualmente” a la normalidad, aplicable a diferentes esferas como la administración pública, centros comerciales, establecimientos educacionales, todas ellas propensas a aglomerar personas.
Lo grave de esta decisión, es que se adopta en un momento de gran incertidumbre y sin esperar a que la curva de contagio esté en una fase de descenso que indique que el Covid-19 está en retirada. La medida no tiene lógica sanitaria, y es contraproducente a todos los esfuerzos desplegados hasta ahora con el objetivo de aplanar la curva: contradice el mensaje de campaña dirigida a permanecer en casa y a circular lo menos posible; poniendo en riesgo los objetivos de fondo, que son disminuir la frecuencia de contagio, evitar el colapso del sistema hospitalario por la atención de casos graves y, lo esencial, reducir la mortalidad de compatriotas a causa de esta enfermedad. En este contexto, la medida del gobierno constituye una irresponsabilidad política de grandes proporciones.
En el sector público, por ejemplo, se sabe de antemano que muchos lugares no tienen condiciones para brindar una atención adecuada, la que hoy exige adicionalmente, restricciones de proximidad y contacto; y tampoco se dispone de medios o insumos suficientes para asegurar una correcta prevención. En ese orden de cosas, solo queda recordar y advertir a los Jefes de Servicio, que son ellos los responsables de la salud de sus funcionarios, y que esa responsabilidad es administrativa, civil y penal.
En el sector privado, todavía hay más de 2 millones de trabajadores que no tienen protección contractual, que quedaron fuera de la Ley de Protección al Empleo, y que se ven forzados a salir diariamente para conseguir su sustento y el de sus familias. Ellos se suman a la aparente normalidad que pretende crear el Gobierno, con su falsa seguridad.
La propuesta que con fecha 28 de marzo hicieran los partidos opositores que suscriben respecto a una Estrategia Regional Única por Covid-19, representa una fórmula local para tomar decisiones informadas, fundadas y compartidas por una abanico social, técnico y político amplio; sin embargo, el Intendente Regional, quien al parecer no tiene margen de decisión autónoma, la descartó. No obstante, creemos que todavía es factible, y una oportunidad para la región.
En consecuencia, y por todo lo anterior, hacemos un llamado público al gobierno central por la salud y el bienestar de toda la población del país, y en particular de nuestra región; y exigimos lo siguiente:
1. Retrasar la implementación del “plan retorno gradual” y se deponga todo relato normalizador, hasta tener evidencia que la cadena de contagio va en franca disminución.
2. Una ley especial con suma urgencia para ir en auxilio directo de los trabajadores sin contrato laboral, por cuenta propia, e independientes que alivie los efectos de la crisis en sus familias y hogares.
3. Una fiscalización rigurosa a la implementación de la ley de protección al empleo; velando para que no se convierta en un objeto de abusos y trampas por parte de empresas que pueden mantener a sus trabajadores sin necesidad de apoyo estatal.
4. Mantener la cuarentena en la ciudad de Punta Arenas hasta que la proporción del número de contagios del día, con relación a los del día anterior, sea menor o igual a 1, al menos durante 7 días seguidos.
5. Contrastar y verificar la detección de casos positivos que puedan haber tenido incidencia en Natales, Porvenir, Cabo de Hornos y en las comunas rurales, si así lo estableciera el respectivo estudio de trazabilidad, adoptando para esos territorios las medidas que corresponda.
6. Que en toda circunstancia se tomen medidas efectivas que protejan, detecten y den respuesta a mujeres, personas mayores y niñas y niños que sufran episodios de violencia al interior de los hogares.
Con el firme compromiso de convertir a Chile en un país con un Estado solidario, descentralizado y protector del desarrollo humano,

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