Recientemente, distintas instituciones y servicios públicos fiscalizaron cuatro locales nocturnos de Puerto Natales, actividad que fue encabezada por la delegada presidencial provincial de Última Esperanza, Romina Álvarez Alarcón.
Este operativo se desarrolló durante la madruga del sábado 2 de diciembre, y fue organizado por el Servicio de Protección Especializada, con el objeto de erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la Región, en el cual estuvo presente la Coordinadora Regional de Seguridad Pública, la Inspección Provincial del Trabajo, la I. Municipalidad de Natales, ONG Raíces,
Carabineros de la 2ª Comisaría y la Seremi Provincial de Salud.
La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, está tipificado como delito en la Ley 21.522, y ha experimentado una preocupante alza en los últimos tres años, afectando a niños y niñas que no superan los ocho años de edad; es por tal motivo, que la Comisión Coordinadora de Protección
Regional, ha levantado la necesidad de generar una respuesta estatal coordinada y permanente,
incluyendo en el plan de trabajo, la capacitación de funcionarios y funcionarias, así como el intercambio de información entre instituciones públicas, la
identificación de focos de explotación,y su fiscalización, entre otras acciones.
“Este trabajo intersectorial lo llevamos realizando en el marco regional, y en Natales fue nuestro 5º operativo, lo que pretende es llevar a las instituciones y al comercio nocturno un mensaje tan importante como es la prevención en materia de estos delitos y que afectan gravemente a nuestros adolescentes”, indicó Carla Barrientos, Coordinadora Regional de Seguridad Pública,
asegurando que estos operativos se continuarán realizando de manera preventiva.
Por su parte, la delegada destacó que, “nuestro fin único en estas inspecciones tienen relación con nuestro compromiso y rol articulador de la seguridad en la provincia, porque los organismos de Gobierno debemos generar las condiciones para que la comunidad se sienta tranquila, buscando que no se ponga en peligro la vida y seguridad de las personas y para ello, los servicios públicos tienen que cumplir con su labor en terreno como se vio en la noche de la fiscalización”.
Desde el Servicio de Protección Especializada, afirman que la región de Magallanes, se encuentra en una grave vulneración de derechos de NNA, transformándose en un problema país, repercutiendo significativamente en la vida de estos. Por ello, la importancia radica en concientizar y educar a la ciudadanía, especialmente a los locatarios de establecimientos
nocturnos comúnmente utilizados por las redes de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Cabe señalar que, en cada fiscalización realizada, se presta atención al cumplimiento de la normativa sanitaria, tributaria o laboral, y que existan funcionarios capacitados y atentos a cualquier indicio de explotación. De este modo, se espera el aumento del número de denuncias, con la finalidad de reducir el campo de acción que explotadores, facilitadores y encubridores que
existen hoy en la región.
